Córdoba
En medio de la campaña, el radicalismo activó su pata legislativa con la intención de aprobar una ordenanza que convierta en obligatoria la existencia de los debates preelectorales. De esta manera, el oficialismo intenta empujar a los candidatos a confrontar sus proyectos en una instancia previa a los comicios y evitar las posturas que esquivan dicho espacio argumentando razones del tipo más diverso.
La normativa, aprobada con 15 votos positivos y tan sólo 2 negativos, parece una ley apuntada al candidato de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, pero en verdad está dirigida a todo el arco político cordobés, más allá de las disputas coyunturales. En ese marco se explica la ausencia de los concejales que forman parte de la lista del justicialismo (los seis de Unión por Córdoba y Victoria Flores).
Tampoco se hizo presente en la sesión el concejal Fernando Masucci (Fuerza de la Gente) y algunos del interbloque oficialista. Entre otros, el primer candidato legislativo de Córdoba Cambia, Juan Negri. A excepción de María Eugenia Reales, que votó en contra, los concejales del bloque Vamos tampoco bajaron al recinto.
Durante la sesión especial los presentes fustigaron fuertemente al aspirante peronista a la intendencia y su decisión de no participar de un debate de propuestas. “No conoce la ciudad, por eso no quiere debatir” señalaron en reiteradas oportunidades.
Marcelo Pascual, se opuso a la iniciativa a partir de algunos argumentos técnicos pero centró su crítica en que “el proyecto no contempla la participación del vecino”. “Esto no se puede aplicar en esta elección por lo que no me parece que sea el momento apropiado” advirtió.