El comisario inspector Pablo Pérez y el oficial principal Rodrigo Montivero, ambos pilotos y jefes de la unidad, fueron separados y pasados a situación pasiva tras la asunción de Juan Pablo Quinteros como ministro de Seguridad del gobierno de Martín Llaryora.
Esta decisión se tomó luego de que se denunciara un sistema de pagos ilegales para ingresar a la patrulla aérea, por lo que avanzó una investigación interna de la Policía.
Según fuentes policiales al programa Fuerte y Claro de SRT Media, los aspirantes debían abonar hasta un millón de pesos mensuales, que luego era devuelto mediante suplementos salariales.
Además, para poder volar, se les exigía realizar cursos en escuelas privadas de Alta Gracia, donde cada hora de vuelo cuesta 1.000 dólares. Con un mínimo de 100 horas necesarias para la habilitación, el costo total rondaba los 100 mil dólares.
Otro motivo de investigación fueron los cursos, que estaban limitados a oficiales. Los suboficiales estaban directamente excluidos, pese a contar con amplia experiencia. Muchos de ellos fueron corridos por negarse a participar del sistema.
Los efectivos desplazados, además de los jefes del área, fueron:
- Comisario piloto Pablo López
- Sargento 1° Piazzi
- Sargento 1° Santillán
- Sargento Corzo
- Sargento 1° Rodríguez
- Sargento Campos
Todos tenían formación y operaban regularmente los helicópteros de la fuerza.
En la actualidad, según la información provista por agentes y ex integrantes de la fuerza, solo queda un piloto activo en la patrulla aérea:
Daniel Ríos, capitán retirado de la Fuerza Aérea Argentina, contratado por la exjefa de Policía Liliana Zárate.
Según una alta fuente del Ministerio de Seguridad, la Policía cuenta con un segundo piloto para el uso de los helicópteros.
Por normativa aérea, solo puede volar un máximo de 4 horas por día, lo que deja a la unidad prácticamente inactiva, señalan las fuentes policiales.
Los helicópteros Ranger 1 y Ranger 2 están detenidos -según la denuncia- en un hangar alquilado en el aeropuerto de Córdoba, con altos costos en dólares que se siguen pagando sin que haya vuelos operativos. Además, no se estarían cumpliendo con los mantenimientos técnicos obligatorios.
Esta información provista por fuentes policiales es descartada por el Ministerio de Seguridad provincial, valorando que le han quitado la “autonomía” a la fuerza policial para designar y otorgar horas de vuelo discrecionalmente.
El caso avanza en el Tribunal de Conducta Policial. Así quedaría al desnudo el funcionamiento de una estructura paralela que habría convertido a una unidad estratégica del Estado en un privilegio reservado para unos pocos, bajo condiciones irregulares y con millonarios costos personales y operativos durante la ex jefatura de Liliana Zárate y el ex ministro de seguridad Alfonso Mosquera.
La patrulla aérea que debía sobrevolar para proteger, hoy está en tierra, con escasos pilotos, y bajo sospecha.
