La investigación destaca que incluso aquellos jubilados que reciben la jubilación mínima, con un bono extra, experimentan una significativa pérdida del poder adquisitivo, estimada en un 28% en comparación con el primer trimestre del año anterior.
Estas conclusiones llegan después de que el Gobierno Nacional anunciara un decreto para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, tras tres meses sin aumentos en los haberes y una inflación acumulada del 72,2% entre diciembre y febrero.
Según lo que se ha divulgado, la nueva medida consistiría en otorgar en abril un porcentaje mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional cercano al 12%, para luego actualizar las jubilaciones conforme al índice inflacionario mensual.
Nadín Argañaráz advierte sobre las consecuencias de esta situación, destacando que incluso con los aumentos previstos, el ingreso real de los jubilados seguiría siendo considerablemente inferior al de años anteriores. Además, sugiere que si la inflación continúa bajando, los haberes podrían comenzar a recuperarse en 2025, aunque aún quedarían por debajo del nivel adquisitivo de 2017.
