La norma creaba un fondo especial para las zonas afectadas por las inundaciones y se aprobó en junio pasado. La justificación de la administración libertaria es que las medidas que impulsaba la ley ya fueron implementadas y que el proyecto no indicaba el origen de las partidas para cubrir la emergencia.
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en concreto, en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
Fundamentos
En los considerandos del decreto, el gobierno nacional, señala que con las medidas ya adoptadas por el gobierno nacional “se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como lo es el de la emergencia que se está transitando”.
No se comprende en el decreto, si es que se ha solucionado la emergencia, cuál sería el sentido de señalar que “el proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen” ya que, evidentemente, el gobierno disponía de fondos para atender la emergencia.
La verdadera cuestión, es si la emergencia ha sido efectivamente atendida, si los problemas originados en el inusual fenómeno meteorológico han encontrado un cause adecuado y si las obras de reparación de lo destruido y lo faltante están en curso.
Seguramente durante las próximas horas, comenzarán a conocerse las repercusiones y derivaciones de la decisión presidencial.
