La discusión central parece ser si el Poder Ejecutivo puede o no poner en funcionamiento los 366 puntos expuestos en el DNU 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el jueves 21 de diciembre, junto a la llegada del “verano”.
Fundamentalmente, porque se trata de normas permitidas “en circunstancias excepcionales”. Y a priori, no parecen estar dadas la “necesidad y urgencia”, ya que los “trámites ordinarios” por los que debería pasar en el Congreso, cuentan con lapsos en los que podrían presentarse y debatirse.
La norma fue firmada por el presidente y todos sus ministros hace ocho días.
Desde aquí en adelante, el camino general demanda la intervención de una Comisión Bicameral permanente en el Congreso, aún no conformada, que a su vez tiene diez días para emitir un dictamen.
Siguiendo su recorrido, debe llegar a la Cámara de Diputados y de Senadores.
Allí el análisis es en general, de la norma completa, y no fraccionada por cada artículo. Y la resolución tiene dos opciones: se acepta o se rechaza.
Si alguna de las cámaras lo aprueba, el DNU sigue vigente.
Para ser anulado, la única opción es que sea rechazado por ambas.
A su vez, su llegada a la Corte Suprema por la acumulación de denuncias por inconstitucional (tiene al menos una docena) es otro sendero.
[NUEVO] ✒️El decreto de necesidad y urgencia es una herramienta prevista en la Constitución nacional que le permite al jefe de Estado legislar “en circunstancias excepcionales”, y su uso está prohibido en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos pic.twitter.com/ChSGbK2rx6
— Chequeado (@Chequeado) December 21, 2023
De todas formas, el sendero que pueden seguir las decisiones tomadas por Javier Milei en sus primeras jornadas de Javier Milei son inciertas. Fundamentalmente, porque públicamente, ningún abogado constitucionalista se atrevió a validar tal condición.
El envío de la ‘Ley Ómnibus’ al Poder Legislativo de esta semana sólo significó otro paso en ese sendero que camina por el límite democrático y republicano. De hecho su artículo 654 pide al mismo Poder Legislativo que asfixia, ratificar estas “necesidades y urgencias”.
Desde la solicitud de “facultades” para el Presidente hasta la validación de este mentado DNU aparecen en el horizonte.
Desde la derogación de la Ley de Alquileres, cuyos cambios se votaron hace dos meses en el Congreso, en adelante, las críticas a las facultades que se atribuye la norma son tajantes.
El mismo camino sigue la Ley de Tierras, con sus consecuencias por la habilitación de las compras indiscriminadas de extranjeros o el impacto con los incendios.
A sabiendas de que la flamante normativa lo permite, desde enero aumentan las prepagas, y el incremento indiscriminado en medicamentos hace llegar a la Justicia a los farmacéuticos.
Las modificaciones en Jubilaciones también tendrá afectación.
Ni que hablar en el ámbito laboral, donde protestar deja de ser un derecho.
¿El turismo? Adentro del recorte.
Las normas referidas a desregulaciones bancarias ya le valen al Gobierno denuncias por incompatibilidad de la canciller Diana Mondino, como accionista y propietaria del banco Roela.
El teletrabajo también sufre modificaciones desde hoy, del mismo modo que los clubes pueden transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas.
Ante las denuncias, el propio mandatario adelantó la posibilidad de realizar un plebiscito si es rechazado.
En Córdoba, la semana pasada ya se vieron atisbos de un “cambio de época” cuando una pacífica protesta contra el DNU terminó con represión y detenidos.
Reclamando por su ilegalidad, a nivel país ya hubo una masiva marcha este miércoles, y la Confederación General del Trabajo (CGT) ya adelantó la realización de un paro nacional para el 24 de enero.
