Una recuperación del 8 por ciento de los haberes jubilatorios perdidos durante la actual gestión de Gobierno y unos pocos pesos, fueron motivo para el primer veto del presidente Javier Milei.
Mediante el decreto 782/2024 de este lunes, quedó oficializada tal cuestión en referencia a la Ley de modificación de la fórmula de cálculo para los pasivos que había sancionado, con amplias mayorías, el Congreso de la Nación.
Para argumentar la decisión, la norma sostiene que el texto aprobado por el Poder Legislativo es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente” debido a que “no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Se aduce que es irrazonable, a su vez, porque “padece graves deficiencias técnicas y operativas” y que su implementación “generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento”.
Según los cálculos oficiales, aplicarlo demandaría unos 15 billones 430 mil millones de pesos para 2025, siendo esto “equivalen al 1,64% del Producto Bruto Interno (PBI)” y un incremento del 29,2% del gasto previsional de Anses para el año próximo.
El Gobierno parece recordarle de manera increíble en los considerandos al Congreso que cuenta con un Presupuesto que tiene “un programa general —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y un plan de inversiones públicas”.
