La Cámara de Diputados respaldó y dejó firme este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
La Libertad Avanza y sus aliados alcanzaron el número de votos para frustrar en el recinto la mayoría de dos tercios que buscaba la oposición, algo que se cristalizó con el apoyo de un sector de la UCR.
El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió avalar el veto presidencial con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Para alcanzar ese número fue clave el apoyo de la bancada del PRO y de un grupo de cinco diputados de la UCR que en la víspera se habían reunido con Milei en la Casa Rosada.
Los legisladores radicales que este miércoles decidieron desmarcarse de la conducción del bloque y votar a favor del veto fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada.
Una serie de incidentes se registraron e en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial.
Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.
La ley de reforma jubilatoria que había sido vetada por el mandatario establecía un aumento del 8,1 por ciento para compensar la pérdida sufrida por por la inflación de enero y un nuevo piso de haberes mínimos, además de un aumento adicional en marzo de cada año tomando en cuenta la variación salarial.
El sueño opositor de revertir el veto se desmoronó completamente con la división a cielo abierto del radicalismo, que se expresó en todo su esplendor en la foto que un grupo de cinco diputados de la UCR protagonizó en la Casa Rosada
Qué implicaba la ley que había aprobado el Congreso y el presidente vetó
La norma mantenía el actual esquema de actualización por inflación, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril de este año para completar el 20,6% de inflación que hubo en enero y por la que el Gobierno otorgó un 12,5%.
También disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (Indec), lo que equivale a $ 308.011 en agosto.
Además disponía que la fórmula de movilidad tuviera en cuenta los salarios y en marzo recibirían un plus del 50% de la diferencia con el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE), si la inflación estaba por debajo.
Milei argumentó que la normativa detonaba el plan de déficit cero que lleva adelante el Ejecutivo.
Las jubilaciones se seguirán actualizando con la fórmula que dispuso el Gobierno por decreto, en base a la inflación (IPC).
