Los análisis, las idas y vueltas en el oficialismo y la oposición marcan el sendero de la agenda política después del escándalo mundial protagonizado por Javier Milei.
Y las consecuencias que puede tener la recomendación vía redes sociales del Presidente de una criptomoneda que venía “a invertir en el país” a la asunción de que le faltaba asesoramiento, son amplias y diversas.
El escenario se muestra totalmente abierto.
Por un lado, Unión por la Patria define hoy su estrategia.
Mientras tanto, tres integrantes del bloque Encuentro Federal ya presentaron el primer pedido de juicio político. Se trata de la cordobesa Natalia de la Sota, quien junto a Esteban Paulon y Mónica Fein, quienes acusan un presunto “mal desempeño de sus funciones y eventuales delitos cometidos de conformidad”.
Por eso piden que se conforme y luego se convoque desde la comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, con la idea de “investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del Presidente de la Nación por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la crypto/token/memecoin LIBRA”.
Por Constitución, debe haber un dictamen de dicha comisión. Luego, este proceso debe iniciar en Diputados y luego ir al Senado. En ambos casos, se necesitan dos tercios de avales.
Otras opciones se manejan, por caso, desde la Coalición Cívica. El espacio de Elisa Carrió quiere llamar a una comisión investigadora porque Milei “podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras”, previendo la posibilidad de que haya “delitos de lavado de dinero, defraudación y estafa”.
El Poder Legislativo se mueve por carriles amplios. Desde la Izquierda, Nicolás del Caño anticipó que su postura es la “interpelación” al Presidente, para que se presente en la Cámara Baja.
El PRO, principal aliado de la Libertad Avanza, mientras tanto decidió apuntarle al “entorno” del mandatario.
