La situación crítica que atravesó la provincia de Córdoba tras los devastadores incendios en las Sierras durante agosto y septiembre de 2024, llevó a que se oficialice la declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en las áreas afectadas.
No fue sencillo ni excento de debates, pero la Ley 27.782 fue finalmente aprobada por ambas cámaras después de que la Libertad Avanza decidiese que su bloque en diputados votase contrariando lo que hicieron y argumentaron sus senadores.
Este viernes la ley aparece publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, con lo que se formaliza su promulgación y se abre un plazo de 180 días para la emergencia, que serían prorrogables por igual período.
Los incendios
Los registros provisorios dan cuenta de que, en lo que va de este años, se han incendiado en la provincia más de 90 mil hectáreas.
Afortunadamente, desde las primeras semanas de octubre comenzó a llover regularmente y la situación dio un vuelco dramático que permitió recomponer fuerzas, evaluar los daños definitivos y comenzar con la reconstrucción.
Los afectados computan decenas de casas afectadas, animales muertos y pérdidas materiales como saldo de los múltiples focos que se desarrollaron en varios sectores de la provincia, algunos de ellos activos durante más de diez días.
Qué dice la Ley 27.782
La ley tiene como objetivo principal restaurar las zonas dañadas y prevenir futuros focos ígneos. Para ello, se implementarán medidas en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos, establecidas en las leyes 26.815 y 27.287.
Un punto clave de la ley es la asignación de una partida presupuestaria extraordinaria para la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las actividades económicas afectadas.
La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes será la encargada de administrar estos fondos, en coordinación con el gobierno provincial y los municipios de las localidades afectadas. Debe consignarse que, hasta ahora, no se ha liberado un solo peso de las ayudas que prevé la ley.
Estos fondos, no tienen relación con las ayudas que el gobierno provincial anticipó, entregando $700 millones a productores rurales, en el marco del Plan Provincial de Remediación por Incendios. Se distribuyeron postes, varillas, rollos de alambre, torniquetas y boyeros. Los departamentos alcanzados son Punilla, Colón, Cruz del Eje y Totoral.
El plan de acción priorizará el bienestar de las personas damnificadas, la restauración del medio ambiente y la biodiversidad. La distribución de los recursos se basará en la urgencia de las necesidades y se respetarán los protocolos del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
En cuanto a las medidas para la reconstrucción y recuperación económica, la ley contempla la realización de obras públicas urgentes, como la reparación y construcción de viviendas e instalaciones, luego de un estudio técnico que garantice la eficiente asignación de los fondos.
Se implementarán medidas de asistencia financiera a través de los bancos nacionales en un paquete de medidas que incluye:
- Líneas de crédito con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y la continuidad de las actividades económicas, con el objetivo de recuperar empleos y reactivar los sectores productivos.
- Suspensión y renovación de obligaciones bancarias y deudas para facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales y su reactivación económica, brindando un alivio inmediato a los afectados por las pérdidas.
- Suspensión por 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, para que las familias, emprendedores y productores puedan concentrarse en la reconstrucción sin la presión de sanciones financieras.
La ley también contempla la implementación de regímenes especiales de pago y medidas impositivas por parte de la Afip (ahora Arca) y la Anses, incluyendo prórrogas de vencimientos y exenciones impositivas. Estas medidas se aplicarán en forma extraordinaria y por única vez, considerando la gravedad y duración de los daños.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, el Jefe de Gabinete de Ministros podrá reasignar las partidas presupuestarias necesarias.
A diferencia del planteo que han sostenidos reiteradamente para el recorte a los jubilados o a las universidades, para esta ley, La Libertad Avanza no consideró imprescindible que se indique de dónde saldrán los fondos.
