Córdoba.
Durante una sesión realizada este miércoles en la Legislatura de Córdoba, se dio luz verde a los proyectos referidos al Convenio Provincia-Ministerio de Seguridad de la Nación, para tareas conjuntas y coordinadas de seguridad interior (Ley Nacional N°24059).
Se suma el Convenio en materia de narcocriminalidad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Gobierno de Córdoba, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Además, la modificación de la Ley 10200 (Fuerza Policial Antinarcótico) que establece la obligación de colaborar con autoridades de otras jurisdicciones, conforme normativa y convenios.
La Ley fue sancionada durante la jornada a pesar de que el ministro de Gobierno provincial Juan Carlos Massei adelantara a este diario que el debate sería el 19 de diciembre. Cabe recordar que a partir de esos acuerdos fue creado el Comando Unificado Córdoba (CUC) el 25 de abril pasado, que permite que Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Policía Provincial trabajen en conjunto en el control de rutas pero también el abordaje integral de controles en las ciudades más grandes del territorio cordobés.
El nuevo accionar de las fuerzas federales se generó en octubre una polémica por un video que se viralizó donde gendarmes suben a un colectivo urbano y solicitan documentación y piden revisar las carteras y mochilas de los pasajeros.
Las imágenes dividieron a la sociedad cordobesa: unos aprobaron la iniciativa a la espera que se reforzara la seguridad; otros se indignaron, aseverando que los controles eran anticonstitucionales. En este sentido, la Mesa de Trabajo en Defensa de los Derechos Humanos (DD.HH) presentó un hábeas corpus señalando que dichos operativos afectan “la libertad de las personas”.
Sin embargo, el Juzgado de Control Nº 1, a cargo de Gustavo Hidalgo, dictaminó que los controles de Gendarmería eran legales y que se realizan en el marco de operativos de seguridad, advirtiendo que las requisas deben ser implementadas de forma estricta y justificada. Ante esa resolución, el organismo de DD.HH. apeló el pasado jueves la medida.
Fuente: La Nueva Mañana
