Tal como vienen repitiendo desde la administración central, recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo central “empoderar” al Banco Central de la República Argentina (BCRA), cancelando la deuda que tiene el Tesoro Nacional.
La cuestión está aclarada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este martes en el Boletín Oficial de la Nación.
Buscando un “camino alternativo”, la administración de Javier Milei aduce recurrir al Congreso, pero evita llevar al Poder Legislativo la letra chica y la aprobación de ambas cámaras, como exige la llamada “Ley Guzmán”, en referencia a la norma aprobada en la gestión Alberto Fernández, con la idea de evitar préstamos del organismo internacional que sean ruinosos para el Estado.
Los considerandos remarcan que “el dictado de decretos de necesidad y urgencia vinculados a deuda pública es una práctica institucional consolidada”, y el texto se limita a remarcar: “Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI”, con “un plazo de amortización de 10 años”.
Se aclara también que existen cuatro años y medio “de gracia”, es decir, sin pagos acordados para devolución.
Se incluye, a su vez, la renovación de vencimientos hasta 2029 de 13.000 millones de dólares capital.
Eso sí, se evita dar a conocer, por un lado, el monto que otorgará el organismo internacional, ni siquiera los plazos de cancelación o las tasas de interés del crédito.
Intentando realizar una orientación de los recursos obtenidos, el DNU afirma que los mismos tendrán como destino, por un lado, “cancelar letras intransferibles emitidas por el Tesoro Nacional en dólares, en poder del BCRA”; y por el otro “cancelar deuda con el Fondo del programa de facilidades extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.
La mentada “salida del cepo” parece ser el destino final, aunque no son pocos los críticos que afirman que una medida de este tipo le permite al Gobierno “llegar hasta octubre”, es decir las elecciones legislativas, con el plan económico actual.
El Gobierno recurre a la constitucionalidad de la “Necesidad y urgencia” pese a que una de las primeras normas de este tipo, el múltiple, gravoso y mentado DNU 70/2023, fue rechazado por Senadores y aguarda aún el tratamiento en Diputados.
Para ser dado de baja, se demanda la reprobación de ambas cámaras con dos tercios de los votos presentes. Ahora, todos los ministros demandan el dictamen de la Comisión Bicameral y su tratamiento en el recinto, para darle una “legalidad” que no es tal.
El Poder Legislativo queda, de esta manera, un tanto sometido y limitado.
