La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) llevaron a cabo un paro de 24 horas este martes 25 de junio en toda la provincia, debido a que consideraron insuficiente la propuesta salarial del Gobierno de Córdoba.
El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, había anunciado la movilización y el paro afirmando que no había ninguna convocatoria oficial ni una propuesta salarial superadora por parte del gobierno provincial. La movilización de docentes en la ciudad de Córdoba comenzó a las 10:30 de la mañana frente a la sede de UEPC.
La Asamblea Provincial de UEPC, que se realizó la semana pasada, decidió por unanimidad rechazar la oferta salarial del gobierno y convocar a asambleas informativas y resolutivas por escuelas los días jueves 27 y viernes 28 de junio. Estas asambleas determinarán las próximas acciones a seguir, y una nueva asamblea de delegados está programada para el martes 2 de julio para discutir posibles nuevas medidas de fuerza en caso de no recibir una oferta satisfactoria.
El paro tuvo un acatamiento del 90% en toda la provincia, según estimaciones de UEPC. Además, Sadop también participó de la movilización, registrándose algunas ausencias de docentes en escuelas privadas de Córdoba.
Entre las demandas de UEPC se incluye la necesidad de una nueva propuesta salarial que contemple las exigencias iniciales del gremio, el ajuste del salario de acuerdo con el 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la eliminación de topes en el ítem Estado Docente, y la mejora de las condiciones laborales y salariales para los docentes.
UEPC también pidió la jerarquización de cargos directivos, el pago de compensaciones y tareas diferenciadas, la regularización del funcionamiento de prestaciones de salud y la eliminación de descuentos en días de paro.
A nivel nacional, el gremio exigió la reinstauración de la Paritaria Nacional Docente, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y rechazó la criminalización de la protesta y la persecución sindical.
