La causa judicial en torno a la muerte de Jonatan Romo en La Falda tuvo un nuevo giro el viernes pasado tras la resolución de la Cámara de Apelaciones de Villa Dolores que morigeró las imputaciones sobre los seis policías implicados.
Los camaristas analizaron los planteos de las defensas de los uniformados y ordenaron cambiar las imputaciones a “homicidio culposo”.
“Cambió la calificación legal por homicidio culposo por imprudencia y un exceso en la legítima defensa”, dijo el abogado querellante, que representa a los familiares de la víctima, Gustavo Pérez.
El expediente judicial ya había tenido una primer freno primera instancia cuando el juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones sobre los policías.
Al retomar la investigación, el fiscal de Cosquín Raúl Ramírez, incorporó nuevos elementos a la causa e insistió con el planteo de homicidio calificado y encubrimiento agravado por abuso institucional.
La reciente imputación contra Ramírez por encubrimiento en un caso de narcotráfico que involucra a efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en Cruz del Eje sumó otro inconveniente en el laberinto burocrático de la justicia.
Al respecto el abogado de la familia Romo dijo que desde la Fiscalía General de la Provincia le informaron que el nuevo fiscal a cargo fue nombrado la semana pasada.
Jonatan Romo, de 35 años, murió el 10 de julio del 2022 en un medio de un operativo policial en el barrio Río Grande de La Falda.
El joven con problemas de adicciones sufrió una crisis al ser detenido después del llamado de un kiosquero debido a su estado de exaltación.
Al encontrarse con esa situación, los uniformados redujeron a Romo y lo llevaron hasta la comisaría en vez de trasladaron a un centro de salud. La autopsia posterior indicó que el fallecimiento se debió a asfixia mecánica.
Desde la defensa de los policía sostienen la hipótesis de un fallecimiento vinculado con un “estado de intoxicación aguda”.
