Que se hayan escurrido las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación es, por estas horas, uno de los puntos centrales para que el Gobierno designe a dos nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Por la imposibilidad propia de imponer la temática en la Cámara de Senadores, nunca logró llevar al recinto el tratamiento de los pliegos, que demandaban dos tercios de aprobación.
Lo cierto es que tal cuestión se presenta sólo hasta el sábado, cuando se abren los trámites ordinarios del Poder Legislativo.
Sin embargo, vía el Decreto 137/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
El contexto actual es el organismo superior de la Justicia nacional funcionando con tres miembros. Y la búsqueda de la gestión de Javier Milei apuntó a reemplazar a Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Entre los argumentos de la norma oficial, hoy se cita que el esquema actual “complejiza un funcionamiento armónico del Tribunal” y se enumeran los por qué de la negativa a sumar, de manera excepcional, “presidentes de las cámaras del fuero federal o con conjueces en caso de no llegar al número legal para fallar”.
Según se aclara, “aquel mecanismo no resulta idóneo ni eficiente para garantizar un funcionamiento normal y estable del Tribunal”. A su vez, se aduce correr el riesgo de que la actividad jurisdiccional “quede virtualmente paralizada”.
La obligación, según el Gobierno, es que la Corte “se encuentre integrada de manera definitiva y cumpla con sus deberes constitucionales con normalidad y actuación ordinaria”.
Sin embargo, el nombramiento “en comisión” hace que tanto Lijo como García-Mansilla sólo formen parte hasta fin de año del organismo.
