En la jornada del jueves, Abuelas de Plaza de Mayo hizo una presentación en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence.
En la misma se solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 351/2025, que intervino el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), y solicitan una medida cautelar de “No Innovar” con el objeto de preservar las muestras biológicas y genéticas, los instrumentos, equipamientos y tecnología del BNDG .
En un comunicado Abuelas explicó los motivos de la elección del juzgado: “El juzgado de San Martín investiga gran parte de los casos de apropiación de los nietos y nietas que aún estamos buscando, ya que muchas de las víctimas fueron secuestradas y/o trasladadas dentro de la Zona de Defensa IV”.
Se recuerda que “dentro de la Guarnición Militar Campo de Mayo funcionaron múltiples Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) en donde se ha comprobado el nacimiento de al menos 8 de los nietos y nietas restituidas hasta la fecha y que permanecieron más de 30 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas que allí dieron a luz”.
Vale la pena recordar que todos estos hechos fueron comprobados en reiteradas oportunidades y en el Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores, donde no solo se demostró la sistematicidad del plan ejecutado, sino también que la zona de Defensa IV fue parte de un engranaje central en la comisión de estos delitos.
El comunicado oficial de Abuelas también explica que solicitaron a la magistrada Vence que se garantice el cumplimiento de los mandatos constitucionales: “El BNDG es un instrumento creado en y por la democracia para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y, junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), es clave para la protección del derecho a la identidad. El ataque contra uno y contra otro conduce al incumplimiento de compromisos internacionales”.
El Decreto N° 351/2025
El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Milei, le quita autarquía y autonomía al BNDG, por lo que ahora no dispone ni administra recursos propios. Además lo retrotrae a su formato preexistente a 2009, lo que, según denuncia Abuelas, implicará “un entorpecimiento a la búsqueda de nuestros nietos y nietas –todos ellos víctimas de desaparición forzada–, que fueron apropiados durante la última dictadura cívico militar”.
La presentación judicial recuerda que, igual que una gran cantidad de áreas de gobierno, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que tiene asignado el presupuesto 2024, que a su vez es el mismo de 2023.
Por añadidura, se encuentra acéfalo hace dos semanas, ya que el decreto removió a las autoridades existentes pero disponía la sustanciación de un concurso para cubrir los roles de dirección, que no se ha llamado hasta el presente. Esto provoca que todos los trámites judiciales y análisis genéticos pendientes, estén parados, a la espera de las nuevas autoridades.
El comunicado de Abuelas denuncia que se está “frente a una intervención de facto, permanente e improcedente, pese a la protección especial otorgada al organismo por el Poder Legislativo”.
Demandas
En la presentación efectuada Abuelas solicitó que se prorrogue el mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero, y que se intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG.
También se solicitó la realización de una copia de las muestras, que deberían quedar a resguardo del Poder Judicial y medidas específicas para garantizar el sostenimiento de una dirección técnica del BNDG.
El comunicado de la entidad cierra recordando que “aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos”.
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
