La Universidad de Buenos Aires declaró la “emergencia presupuestaria” y adhirió formalmente a la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria que se llevará a cabo el 23 de abril como respuesta al recorte de fondos dispuesto por el Gobierno nacional.
“En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, reza la resolución del Consejo Superior de la UBA.
El comunicado fue difundido el último miércoles: “La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social, enseñanza con la máxima calidad académica, desarrollo de la investigación y compromiso con el entorno social, requiriendo un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades”.
Nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de las 57 universidades nacionales se pronunciaron el miércoles en el marco del 91° plenario: “Queremos manifestar que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave”.
El congelamiento de fondos a las casas de estudio por parte del Gobierno de Javier Milei es un conflicto que viene creciendo desde diciembre. Con una inflación interanual que supera la barrera del 250 por ciento, las universidades han recibido sólo un 70 por ciento de aumento para gastos de funcionamiento, ítem que en la realidad representa un 15 por ciento del presupuesto total.
Sin ley de presupuesto, el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto de 2023, y sobre esos números gira fondos a las universidades. La devaluación de diciembre representó una relevante licuación de salarios docentes y no-docentes.
En marzo, las UBA lanzó un spot con la idea “Cuidemos lo que funciona”, y una serie de publicaciones en la que compararon la asignación de recursos públicos de la institución con los de otras universidades extranjeras e invitaron a firmar una declaración “en contra del recorte presupuestario”.
Desde la UBA afirman que están comprometidas las funciones esenciales de la educación universitaria y preuniversitaria, la investigación científica y la atención médica a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios.
Se descontaba, por supuesto, la participación y convocatoria por parte de la UBA a la Marcha Federal Universitaria organizada para el 23 de abril. La marcha, promovida por el Consejo Interuniversitario, se dará en simultáneo en todo el país y será acompañada por la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
La UBA no es la única casa de altos estudios que manifestó su preocupación ante los recortes. La Universidad de La Matanza, Hurlingham, Tres de Febrero, Moreno y el Oeste alertaron por la posibilidad de no funcionamiento operativo en un segundo semestre de 2024.
La Universidad Nacional de Córdoba transita el mismo panorama administrativo y financiero. El pasado 4 de marzo el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dio a conocer una resolución en la que manifestó la “preocupación de la comunidad universitaria en relación a la situación presupuestaria de las universidades nacionales”.
