La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió sobre el recurso de queja presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ratificó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.
El fallo original, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 y confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal, declaró a Fernández de Kirchner responsable de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.
La ex presidenta había manifestado que hubo violaciones al debido proceso y a los derechos de la defensa.
Vialidad: Lázaro Báez y las licitaciones por obra pública en Santa Cruz
La Corte tuvo la ultima palabra al resolver el recurso de queja interpuesto. A lo largo de la causa, Fernández también recusó a jueces que intervinieron aduciendo falta de imparcialidad.
La causa inició en 2016 se investigó el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua y esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación, por la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Además de la sentencia sobre la ex vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Báez (6 años); al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).
Los pedidos de recusación de Cristina Fernández
El origen de esta causa se remonta a una denuncia presentada por Javier Iguacel, quien en ese momento dirigía la Dirección Nacional de Vialidad. La investigación fue impulsada por el juez federal Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, quienes imputaron a Cristina Fernández de Kirchner por dos delitos centrales en el proceso judicial.
Antes de ser remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 para su juzgamiento, el expediente fue revisado en distintas instancias: primero por la Sala I de la Cámara Federal —compuesta en ese período por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia—, y luego por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, donde intervinieron los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
Una vez solicitada la elevación a juicio por parte de los fiscales, la causa fue asignada a un tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Luego del juicio oral, la sentencia fue revisada por la Cámara de Casación, en una sala que contó con la participación de Borinsky, Hornos y Diego Barroetaveña.
Durante el proceso judicial, la defensa de Fernández de Kirchner intentó apartar a algunos magistrados al conocerse imágenes en las que se los veía integrando el mismo equipo de fútbol, e incluso participando en un torneo en la quinta “Los Abrojos”, propiedad de Mauricio Macri. Estas recusaciones fueron desestimadas tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación.
Posteriormente, una vez dictado el fallo condenatorio, la defensa volvió a cuestionar la imparcialidad de Hornos y Borinsky, pero estos planteos también fueron rechazados.
Ya en etapa de revisión ante la Corte Suprema, la defensa intentó recusar al juez Ricardo Lorenzetti por declaraciones que, a su entender, comprometían su objetividad. Sin embargo, ese pedido fue igualmente desechado.
