La Confederación General del Trabajo (CGT) consideró como “una nueva provocación del poder Ejecutivo” dirigida a “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores” las intimaciones realizadas por el ministerio de Seguridad para que sindicatos y organizaciones paguen sumas millonarias en concepto de gastos por los operativos policiales durante la protesta contra el DNU dictado por Javier Milei.
La manifestación fue llevada a cabo el pasado 27 de diciembre en Plaza Lavalle, ciudad de Buenos Aires. La comunicación de Seguridad se da dos semanas antes de la protesta general programada para el 24 de enero.
Por otra parte, la central de los trabajadores elevará una queja contra el Gobierno con “solicitud de tratamiento urgente” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dirigentes de la CGT y diputados nacionales del bloque del Frente de Izquierda se reunieron con anterioridad y analizaron el periplo legislativo ya en marcha, con el DNU y el proyecto de ley “ómnibus” en foco. Los legisladores de izquierda manifestaron que “sólo el paro y la movilización de millones de trabajadores en todo el país y la continuidad de un plan de lucha podrán voltear” las medidas “antipopulares” del Gobierno de Milei.
De la reunión participaron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano; Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Amor (municipales porteños), mientras que por el bloque del Frente de Izquierda estuvieron Romina Del Plá, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Néstor Pitrola, Alejandro Vilca y Christian Castillo.
Comunicado de la CGT
En un comunicado de prensa, la CGT criticó la intimación del Gobierno a un grupo de sindicatos para que paguen 40 millones de pesos para saldar el costo del operativo de seguridad de la protesta del 27 de diciembre.
“Es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”, se lee en el documento difundido en la tarde del jueves.
“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado”, se lee en otro tramo.
La CGT aseguró en el comunicado que “no representa los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
La CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), reaccionó rápidamente al comunicado de Seguridad. CTA Autónoma calificó la intimación como “actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei” y anunció que realizó “las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar” la decisión impulsada por Patricia Bullrich.
Esta previsto para el próximo 24 de enero una protesta y movilización general de gremios, organizaciones y sindicatos en distintos puntos del país, con una convocatoria principal en la ciudad de Buenos Aires, donde se verá si Seguridad aplica, y de qué manera, el denominado “protocolo anti piquetes” promovido por Bullrich.
