La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó el pedido de Argentina y resolvió suspender momentáneamente la entrega del 51% de las acciones de la petrolera estatal, mientras analiza la apelación presentada por el Gobierno nacional.
Hacía menos de una semana atrás, la apelación había sido presentada sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras aún avanza la revisión del caso.
La medida fue otorgada para permitir una “ordenada presentación y consideración” de los argumentos de ambas partes. La corte estableció un cronograma preciso: los demandantes (encabezados por el fondo Burford Capital) tienen hasta este jueves 17 de julio para presentar su oposición a una suspensión más larga, mientras que el Estado argentino tendrá tiempo hasta el martes 22 de julio para responder.
Una vez completado este proceso, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión del fallo durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo.
El caso
La causa fue iniciada por Burford Capital, un fondo “buitre” dedicado a identificar y adquirir causas con potencial de alto retorno, (que en este caso representa a las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora), controladas por la familia Eskenazi. Según los demandantes, la Argentina violó el estatuto de la compañía al estatizar el paquete mayoritario de YPF sin lanzar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas.
El conflicto se originó en 2012, cuando durante el gobierno de Cristina se expropió el 51% de YPF, en manos de Repsol. Aunque el Estado pagó más de 5.300 millones de dólares por esa participación, los otros accionistas no fueron compensados.
En 2023, Loretta Preska, jueza de la causa, falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones. Si bien eximió de responsabilidad a YPF como empresa, su fallo avanzó contra el Estado nacional.
