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El Gobierno autorizó un aumento del 4% en los combustibles a partir de este jueves, dejando de lado el congelamiento en los precios que iba a durar tres meses, informó la Secretaría de Energía.
El comunicado oficial fundamentó la medida en la “volatilidad internacional del precio del petróleo”, luego de que el valor internacional del barril de crudo se disparara en los últimos días por el ataque a terminales petroleras en Arabia Saudita.
La secretaría estableció también un aumento del 5,58% del precio del barril reconocido a los productores de petróleo.
Energía recordó que el decreto de congelamiento del precio de los combustibles del 2 de septiembre último la “habilita a dictar, en la medida en que las circunstancias lo ameriten, la posibilidad de habilitar incrementos”.
En un comunicado, señaló que la medida resulta necesaria “para ir normalizando los precios del sector con el fin de proteger al consumidor y sostener el nivel de actividad y el empleo”.
El organismo señaló que las circunstancias que obligaron al Gobierno a dejar de lado el congelamiento se justificaron “a partir del incremento del precio del petróleo que derivó del ataque sufrido por las infraestructuras petroleras de Arabia Saudita”.
“El precio del Brent aumentó 14% en un día, lo que representó la tercera variación más importante tras las sufridas en 1986 (15,1%) y 2009 (16,8%)”, detalló el comunicado oficial.
La Secretaría de Energía agregó que el aumento del precio del petróleo “conlleva a una situación imprevista y significativa de incremento de precios que inevitablemente impactan en la producción, la comercialización y el normal abastecimiento de los combustibles en nuestro país”.
“Con el objetivo de atenuar estos impactos, el Gobierno autorizará una suba del 4% de los combustibles, que entrará en vigencia desde el jueves 19 de septiembre”, añade la información oficial.
El decreto de congelamiento del precio de los combustible tiene vigencia hasta el 13 de noviembre y, según estimaciones de mercado, los precios de las naftas habían quedado atrasados 40%, mientras que para el Gobierno estaban un 25% abajo de su valor de mercado.
