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Este miércoles 13 de junio es un día histórico: por primera vez el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo llega a la Cámara Baja. El texto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo contó con 64 firmas, mientras que el proyecto presentado por la oposición, con 57.
El 13 de junio es un día histórico: por primera vez el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo llega a la Cámara de Diputados. La despenalización del aborto es uno de los temas más demandado por el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans. El texto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo contó con 64 firmas, mientras que el proyecto presentado por la oposición, con 57.
El dictamen que llega al recinto tiene como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Recibió al menos cuatro modificaciones en busca de sumar mayores consensos y tentar a los legisladores aún indecisos.
Entre esos cambios se incorporó la objeción de conciencia, que habilitaría a los profesionales a ejercerla de manera individual pero no así a las instituciones de salud.
Otra de las modificaciones está vinculada al artículo que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a someterse a un aborto sin la autorización de sus padres, punto que quieren eliminar para que esa situación quede supeditada a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial.
También se contempla el aborto después de la semana 14 en casos de “malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina” y de violación, en los que bastaría una declaración jurada de la mujer para realizar la práctica, sin mediar intervención judicial.
Una última modificación consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten voluntad de abortar la información necesaria para que tomen la decisión, que incluiría un período de reflexión obligatoria e incorporaría medidas para reforzar la educación sexual además de crear consejerías de atención integral a cargo de equipos interdisciplinarios para acompañar a la mujer antes y después de la interrupción del embarazo.
El proyecto establece que “en ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer” y contempla penas que van de 3 a 10 años al que practique un aborto sin ese consentimiento, que se elevan a 15 años en caso de muerte de la paciente.
Otro punto clave es que se obliga a los hospitales públicos, prepagas, obras sociales sindicales, del Congreso, de las Fuerzas Armadas y PAMI a realizar la práctica médica del aborto.
Fuente: La Nueva Mañana
