Economía
El presidente Mauricio Macri recibirá este lunes a empresarios del sector alimenticio con los que el Gobierno negoció la lista de más de 60 productos del denominado “Precios Esenciales”, uno de los pilares de las medidas económicas lanzadas para tratar de detener la escalada inflacionaria.
De la reunión participarán representantes de 16 empresas y también el ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, justo en el día en que comienza a regir el congelamiento de precios por 180 días acordado para esos 60 productos.
El encuentro se concretará, además, en momentos en que arrecian los cuestionamientos empresariales a la nueva norma de Lealtad Comercial y representantes de la oposición ponen en duda la efectividad de las nuevas medidas económicas anunciadas la semana pasada por el Gobierno.
Los dirigentes industriales plantean objeciones contra la nueva norma, cuya reglamentación salió por decreto en lugar de discutirse en el Congreso y prevé duplicar sanciones sobre conductas que, según el sector privado, ya están incluidas en la Ley de Defensa de la Competencia.
En la nueva norma sobre Lealtad Comercial, se busca “evitar abusos de posiciones dominantes o posibles conductas monopólicas de grandes empresas”.
El documento otorga a la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Ignacio Werner, mayores facultades para sancionar conductas desleales o anticompetitivas, con el objetivo de proteger a consumidores, pequeños comercios y pymes.
El decreto reglamentario recibió críticas del presidente de la UIA, Miguel Acevedo, quien advirtió que a la norma “le falta el diálogo con el sector privado; esto no se ha hecho”.
Criticó, además, que la medida incluya contraposiciones con otras normas y que está regulando las relaciones comerciales entre privados sin posición dominante.
“Eso es meterse en el comercio entre privados; es de lo que menos me gusta”, dijo Acevedo.
El sector empresarial también mostró preocupación porque las multas previstas son “altísimas” -llegan hasta los $ 10 millones- y “con gran poder de discreción, el producido de las multas entran al presupuesto del órgano administrativo que las aplica, por lo que los incentivos y el poder puestos en la administración son muy preocupantes”.
La norma penaliza “actos de confusión” sobre el origen empresarial de la actividad; “violación de normas”; “abuso de situación de dependencia económica”, o explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora.
También objeta la “obtención indebida de condiciones comerciales”; “venta por debajo del costo”; “explotación indebida de la reputación ajena”; “actos de imitación desleal y denigración” y “violación de secretos”.
La iniciativa prohíbe la “publicidad engañosa”, define los límites de la “comparativa” y fija los “requisitos para la identificación de productos”.
