Fuentes oficiales cercanas al gobernador de la provincia, dejaron trascender en la noche del martes que el oficialismo ve con buenos ojos cualquier medida que contribuya al movimiento de la economía.
Ese es el argumento principal por el cual la administración del gobernador Martín Llaryora apoyará con una adhesión provincial el régimen simplificado de Ganancias anunciado por el Gobierno nacional la semana pasada en el marco de plan de incentivos para el uso de ahorros guardados no declarados, el “plan colchón”.
La cuenta elemental que hacen en la administración cordobesa es que cualquier aumento en la actividad, especialmente en la actividad registrada formalmente, se traduce en aumento en la recaudación provincial por la vía del impuesto provincial de Ingresos Brutos.
La firma de una adenda es un trámite administrativo que se realizaría en la próxima semana. La legislatura debería tratarlo luego, aunque se descuente que es un tema en el que la oposición (con la buena predisposición hacia el gobierno nacional siempre presente) no pondría reparos al tratamiento.
Reunión virtual
El trascendido surgió apenas concluyó la reunión informativa virtual en la que funcionarios nacionales explicaron los alcances de las medidas lanzadas y solicitaron a los presentes la adecuación en cada distrito.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidieron a las autoridades de 17 provincias -entre ellas Córdoba- la adhesión a una adenda que se realizará al “convenio de armonización tributaria” para incorporar en todos los distritos el nuevo régimen simplificado de Ganancias, que impulsa la administración del presidente Javier Milei.
La Casa Rosada dividió a los gobernadores y representantes provinciales en dos turnos. Córdoba estuvo en el segundo lote, en un encuentro que duró menos de media hora.
La convocatoria de la Casa Rosada llegó el día después de que el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, Arba, asegurara que seguirá con los controles al margen de lo que diga Arca.
Precisamente, tras esa afirmación, la Agencia Recaudadora y Control Aduanero (Arca) amenazó a los gobernadores con limitarles la información fiscal a aquellas provincias que no adhieran al régimen. “Perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por Arca (de $ 50.000.000)”, señaló la ex-Afip.
