La Cámara baja iniciará a las 14 una ronda de consultas con expertos, invitados a propuesta de todos los bloques parlamentarios, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT).
Fuentes de la Cámara baja no descartaron que, como parte del debate, puedan incorporarse algunas modificaciones al proyecto, con el objetivo de alcanzar mayores consensos hacia un dictamen y posterior debate en el recinto, donde son necesarios 129 votos para aprobar una ley derivada de la Constitución Nacional, que requiere de una mayoría especial (la mitad más uno de los 257 miembros del cuerpo).
“Siempre hay margen, esos cambios no tienen que desvirtuar el espíritu del proyecto y tienen que traer votos para conformar una mayoría de 129. Primero vamos a escuchar en las reuniones a los especialistas”, afirmó una fuente del FdT.
De hecho, el bloque oficialista cuenta con 117 diputados -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no vota y sólo lo hace en caso de empate-, con los cual necesita una docena de votos más para llegar a los 129.
Ante ese escenario, el oficialismo deberá intentar establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser para lograr avanzar con la reforma.
Las fuentes adelantaron que el FdT podría tener el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas, uno de Ser y uno del MPN, aunque todavía necesitaría seis votos más para alcanzar los 129.
De modificarse el texto, el proyecto deberá volver al Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectuados por la Cámara baja.
En el primer paso legislativo, el del análisis en comisiones, es marcada la paridad entre el FdT y Juntos por el Cambio (JxC) en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
En la primera de ellas, integrada por 35 miembros, ambos espacios mayoritarios tienen 17 representantes, y el voto clave es el del interbloque Federal, representado por la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño.
El escenario es parecido en la comisión que preside Tailhade, donde tanto el FdT como JxC tienen 15 integrantes cada uno y, también, la exministra de Trabajo es la integrante número 31 de ese grupo parlamentario de trabajo.
Al igual que en el proyecto sobre la Ley de Alquileres, donde firmó un tercer dictamen, la posición de Camaño estaría equidistante de ambas fuerzas mayoritarias: ella considera que un miembro de la Corte podría integrar el tribunal –no necesariamente su presidente- y que, en caso de hacerlo, debería formar parte de un sistema rotativo previsto para la titularidad del Consejo.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.
El proyecto eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionados.
Por esa razón, el Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes, algunos de los cuales ya se incorporaron al organismo -entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-, pero todavía resta que el máximo tribunal establezca la fecha de jura de dos legisladores designados.
