“Vamos a convocar a una audiencia extraordinaria”, anunció el presidente del cuerpo, Alberto Lugones, a sus colegas el lunes pasado en la reanudación del plenario del cuerpo que reúne a todos sus miembros y tiene a cargo las decisiones relevantes.
El temario, según anunció el camarista penal, estará integrado por la aprobación de los reglamentos electorales de abogados y jueces para que pueden elegir a sus nuevos representantes y por una resolución para que la justicia pueda funcionar administrativamente hasta que se integre como ordenó la Corte.
El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.
Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte.
La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.
Sin embargo, y más allá de una posible sanción de la ley por parte de los diputados que por ahora aparece incierto, los legisladores no eligieron a sus dos representantes, uno por cámara, que deberían sumarse si finalmente no hay una ley y se vuelve al esquema de 20 miembros que rigió hasta 2006 y que cambió a 13 por iniciativa del kirchnerismo.
El fallo firmado por los cuatro miembros del tribunal señaló que cumplido el plazo de 120 días las decisiones del Consejo serán nulas y anticipándose a ese escenario es que los consejeros pretenden dar un marco legal a la transición entre un consejo y otro.
Las miradas están puestas en la Corte y en la eventual convocatoria a que juren los nuevos miembros por los estamentos técnicos y que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asuma la titularidad del Consejo como era hasta 2006.
