El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba decidió en la tarde de este martes rechazar la oferta de 750 mil dólares presentada por Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, los dos líderes sindicales de los recolectores (Surrbac), en el marco de la causa que investiga irregularidades graves hacia el interior del gremio.
La intención de la oferta buscaba evitar el juicio que cursa en la justicia por lavado de activos, defraudación, usura y asociación ilícita.
La audiencia se llevó el interés de gran parte de los trabajadores agremiados, ya que Catrambone y Saillén habrían montado una estructura para realizar maniobras de usura dentro del gremio. Todo es materia de investigación.
De acuerdo con el comunicado del Tribunal, la propuesta de “reparación integral del perjuicio” fue desestimada en su totalidad
En el segundo apartado de la resolución se deja en claro que se rechaza la solicitud de suspensión de juicio planteada por las defensas de Saillén y Catrambone.
“RECHAZAR el pedido de suspensión de juicio a prueba prevista en el art. 76 bis del CP peticionada de manera subsidiaria por las defensas de los acusados Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba”, se lee en el segundo apartado de las resoluciones.
Mismo resultado
Paradójicamente, en su extenso fallo, el tribunal resolvió en el tercer punto: “SUSPENDER el trámite de la presente causa hasta tanto se complete la investigación por lavado de activos y el Tribunal pueda fijar audiencia para el debate oral para su juzgamiento integral”.
De este modo, la causa no avanzará y estará sujeta al avance de la causa por lavado, una de las causas conexas, que había sido desmembrada.
La causa
La investigación hecha en su momento por el fiscal Enrique Senestrari involucró a 19 acusados. La fiscalía acusó a los dos máximos líderes del gremio, Saillén y Catrambone, por ser los cabecillas de una presunta asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, a la usura y a la administración fraudulenta de los recursos de los afiliados y de la Mutual del sindicato.
Según la imputación los hechos habrían comenzado en el 2009 y se habrían extendido hasta el 2018, y consistieron en maniobras de usura contra los propios afiliados.
Los fondos no contaban con autorización ni control oficial, y los intereses oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual.
Una causa desmembrada
Como se recordará, el Ministerio Público Fiscal elevó a juicio la causa respecto de la llamada “pata sindical”; donde deberían haberse dilucidado los presuntos delitos de usura –préstamos irregulares otorgados por la mutual de los recolectores de residuos (Amsurrbac) a sus afiliados– y administración fraudulenta de esa mutual.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, todo orquestado por Saillén y Catrambone, quienes habrían amasado una fortuna con ésta y otras maniobras presuntamente delictivas.
Este esquema desglosaba las acusaciones contra las “patas” públicas (política) y privada (empresarial) del “negocio de la basura”, y dejaba afuera al lavado de activos, que sería el fin último de las supuestas maniobras delictivas.
