Los flamantes nombres que dieron a conocer desde la mega-investigación denominada Causa Bomberos son los de los empresarios Darío Brasca y Natalia Brasca. Son presidente y vicepresidenta de CYRE S.A., que contiene a los supermercados Cordiez y Mercamax.
La comprobación de que se adulteraba documentación oficial para habilitar comercios es un hecho. Y viene sumando implicados. El principal, entre los funcionarios, es Gustavo Folli, detenido en marzo pasado.
Las novedades que trae ahora el proceso que lleva adelante el fiscal Guillermo González apunta sobre los propietarios de esta cadena de supermercados. Puntualmente, por pagar coimas.
En lo textual, realizaron “aportes económicos a gestores intermediarios, incluso a uno de los jefes de la Asociación Ilícita -Julio Zárate- para que dicho dinero fuera destinado a funcionarios activos de Bomberos como de la Municipalidad, todos ellos con intervención en la organización delictiva, y así lograr el visto bueno sin el control pertinente”.
Desde la fiscalía se comprobó que “a la luz de las pruebas arribadas varios de dichos establecimientos no se encontraban en condiciones edilicias de seguridad para funcionar, generando con ello un real peligro para la sociedad”.
Los Brasca son imputados ahora por cohecho, pero a Darío se le atribuye además el encubrimiento Agravado “con ánimo de lucro reiterado (por cinco hechos) y el uso de documento público falso reiterado (cuatro veces)”, debido a que “receptó y luego gestionó ante los organismos contralores de la Municipalidad, en reiteradas oportunidades, certificados apócrifos provenientes de bomberos con firmas insertas de puño y letra que no se correspondían a las que figuraban en los sellos respectivos”.
A su vez, al gestor de Cyre, Roque Javier Olmedo, se lo imputó por el uso de documento público falso reiterado (en diez ocasiones), además de “encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado (ocho hechos).
La instrucción de González continúa sumando hechos e implicados, a la espera de novedades por estos días.
