Este lunes se conoció que el Gobierno nacional avanzó en la disolución del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), al publicar los mecanismos operativos para su cierre definitivo.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 1018/2024 de noviembre pasado, que había ordenado la extinción del fondo.
En ese sentido, desde el Gobierno apuntaron que el programa representaba una carga insostenible para las cuentas públicas y presentaba inconvenientes en materia de control y ejecución. Asimismo, se argumentó que la financiación de viviendas corresponde a los bancos comerciales, eliminando así la necesidad de una intervención directa del Estado.
La resolución detalla que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizó una auditoría y entre otras cosas, denunció un irregular funcionamiento del programa. En el informe detallaron demoras en la entrega de unidades, condiciones de habitabilidad deficientes y falta de actualización de los manuales de procedimientos. Además, también remarcaron la falta de transparencia y eficacia del programa en sus años de funcionamiento.
Los números del plan
Según la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, entre abril de 2021 y agosto de 2023, con la ejecución del Procrear II se liquidaron 65 mil créditos con destino construcción de viviendas.
Además, se construyeron más de 4 millones de metros cuadrados, lo que impactó en la generación y el sostenimiento del empleo formal. Por otro lado, según destacan, se terminaron el 83 por ciento de las viviendas en el marco de los créditos para la construcción.
¿Qué sucederá con los créditos otorgados?
Desde el Gobierno nacional indicaron que para los créditos ya otorgados, el Ministerio de Economía firmará un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para continuar su administración.
Esta entidad será responsable de transferir los fondos recaudados a la Cuenta de Recaudación del Tesoro Nacional, descontando previamente su retribución y gastos operativos.
Por otra parte se autorizó a la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial a instruir la venta de carteras crediticias con un rendimiento inferior al 40%. Esta dirección también tendrá a su cargo la supervisión general del proceso y la regularización de bienes del fondo.
Respecto a los bienes inmuebles, el Ministerio de Economía podrá transferir unidades a provincias, municipios u organismos estatales, previa tasación oficial. En ese sentido, se acordó que, si los terrenos fueron aportados originalmente por gobiernos provinciales o locales, se podrá acordar su restitución total o parcial.
Los inmuebles bajo titularidad fiduciaria del Banco Hipotecario que no estén vinculados a obras activas serán traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante convenios formales con la Secretaría de Obras Públicas.
Las deudas pendientes se saldarán con los ingresos provenientes del cobro de créditos o de la venta de propiedades, en el marco de lo establecido por el contrato de fideicomiso original. El proceso de disolución respetará las disposiciones de los decretos 1018/2024 y 695/24, así como de la Resolución 796/24.
En tanto, las causas judiciales vinculadas al programa serán absorbidas por la unidad jurídica que determine la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía, garantizando así la continuidad de la atención de los compromisos legales del fondo disuelto.
