Al menos 200 personas fueron detenidas en una jornada golpista que fue repudiada por la comunidad internacional y que se produjo justo una semana después de la asunción de Lula, en un episodio calificado como “terrorista” por la presidenta de la corte suprema, Rosa Weber.
Para Lula, quienes cometieron este acto son “nazis” y “fascistas”, seguidores de un “genocida” como Bolsonaro, que abandonó el país el 29 de diciembre para evitar estar presente en el cambio de mando, pero que dejó entre sus seguidores un legado de confusión y de búsqueda de un golpe militar.
Los ultraderechistas destrozaron las oficinas de la corte suprema, se sentaron en la silla del presidente del Senado mofándose de la situación y rompieron las oficinas contiguas a la de Lula, incluida la de la primera dama, además de obras de arte que forman parte del archivo histórico nacional.
El despacho de Lula, por tener una puerta reforzada, fue el único en no ser destruido.
Más de 80 ómnibus con ultraderechistas habían llegado el sábado a la capital federal para una manifestación que había llamado la atención del ministro de Justicia, Flavio Dino, quien había advertido de la situación al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un bolsonarista que, según lo marca la Constitución, es el encargado de la seguridad en el Distrito Federal.
Los manifestantes que desde noviembre piden un golpe de Estado militar en la puerta de los cuarteles, denunciando fraude en las elecciones y pidiendo que Bolsonaro vuelva a la presidencia, marcharon casi sin oposición por Brasilia, con escasos agentes protegiendo los edificios públicos en un domingo de calor y sol, con el presidente Lula en Arararaquara, interior de San Pablo, visitando lugares afectados por una fuerte inundación.
Durante la semana, contra las advertencias de Dino, el ministro de Defensa, José Mucio, había dicho que las protestas eran democráticas y que tenía conocidos en los campamentos que se oponían a la asunción de Lula.
Imágenes mostraron que miles de ultraderechistas, vestidos en su mayoría de amarillo, pasaron sin mayores problemas por un primer cordón policial y durante la jornada se vio a agentes sacándose “selfies” con los golpistas.
Esta situación provocó que Lula montara en Arararaquara, municipio gobernado por el Partido de los Trabajadores, un gabinete de crisis en el cual se determinó que el responsable máximo fue el gobernador de Brasilia, quien le pidió “disculpas” a Lula y echó a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro que estaba de viaje en Orlando, Estados Unidos, la misma ciudad donde se refugió el exmandatario.
La Abogacía General de la Unión, la abogacía del gobierno, pidió al Supremo Tribunal Federal la captura de Torres por considerarlo uno de los responsables del ataque a la democracia,
Bolsonaro rechazó en la noche de hoy, desde Estados Unidos, las acusaciones de que es uno de los responsables de la invasión golpista de sus seguidores.
“Repudio las acusaciones, sin pruebas, que me atribuyó el actual jefe del ejecutivo de Brasil”, dijo Bolsonaro en Twitter, quien por primera vez reconoció, con esta declaración, a Lula como jefe del Estado.
El exmandatario dijo que las manifestaciones pacíficas forman parte de la democracia, pero aclaró que “están fuera de las normas” la invasión y vandalismo de predios públicos “como los practicados por la izquierda en 2013 y 2017”.
El bolsonarismo más duro no repudió el atentado durante la jornada, aunque sí lo hizo el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, quien aseguró que el golpismo “no representa ni al partido ni a Bolsonaro”.
La Policía Militar logró desalojar y recuperar los edificios más de cuatro horas después de comenzada la invasión.
El ataque a las instituciones en la Plaza de los Tres Poderes fue llevada a cabo por más de 10.000 personas, según medios locales.
En un discurso, Lula dijo que el ataque -similar a la invasión del Capitolio en Estados Unidos en 2021 por parte de seguidores de Trump, un aliado de Bolsonaro- fue financiado por sectores de la minería ilegal, el agronegocio y los traficantes de madera.
El mandatario también aseguró que van a tener que pagar también los policías del Distrito Federal que fueron filmados evitando detener a los manifestantes y calificó de “genocida” a Bolsonaro, a quien acusó de estar convocando a desmanes desde hace varios meses.
Los manifestantes rompieron vidrios, cámaras de seguridad, armarios y despachos en el Planalto y el STF. En la corte fue retirada la puerta del despacho de Alexandre de Moraes, el juez que investiga al bolsonarismo y al expresidente por atentar contra la democracia desde 2020.
“Este es nuestro mayor trofeo”, dijo uno de los ultraderechistas que ingresó a la sede de la corte.
Por su parte, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó que “estos actos antidemocráticos deben sufrir el rigor de la ley”.
El Ministerio de Defensa había puesto de guardia a 2.500 militares en caso de que hubiera una decisión de imponer una ley de orden si la policía de Brasilia no actuaba. No fue necesaria la intervención militar, porque la tropa de choque de la policía de la capital comenzó a actuar 40 minutos después del inicio de los destrozos.
La tropa de choque logró desalojar los edificios públicos y los bolsonaristas se diseminaron por otras regiones de la ciudad.
Lula regresó por la noche a Brasilia y visitó el Palacio del Planalto y la corte suprema en Brasilia para evaluar los destrozos que dejaron los atacantes golpistas.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, convocó una sesión extraordinaria conjunta con la Cámara de Diputados para analizar la solicitud del presidente de intervenir el Distrito Federal.
En el caso de Lula, a raíz de las malas condiciones edilicias en las que Bolsonaro dejó el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, está viviendo con su esposa Janja en el hotel Meliá 21, con vista a la Explanada de los Ministerios, por donde pasaron hoy los bolsonaristas, frustrados en cometer su golpe de Estado pensando en que los militares los iban a acompañar.
