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Por una presentación que realizaron referentes de derechos humanos, Roberto Gallardo, juez de la Ciudad de Buenos Aires, frenó la resolución de Patricia Bullrich.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, hizo lugar al pedido de las referentes de organismos de derechos humanos, y dictó la inconstitucionalidad de la resolución, para la Ciudad de Buenos Aires. La aceptación del amparo sienta un importante precedente para el resto de las ciudades del país.
La presentación fue realizada por Myriam Bregman, referente del CeProDH y Presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto a María del Carmen Verdú, titular de Correpi, abogada y reconocida luchadora contra la represión estatal y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente del gatillo fácil, presentaron ante la Justicia un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.
La normativa en cuestión, que legisla de facto en materia penal (particularmente sobre el Código de fondo), lo cual es atribución exclusiva del Poder Legislativo, impone en los hechos la aplicación de pena de muerte sumaria en diversos casos que exceden ampliamente la “legítima defensa”, la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza y/o el medio empleado para repeler una eventual agresión del particular (art 34, inc 6° Código Penal), o el denominado “cumplimiento del deber”.
En relación a “la ley de gatillo fácil”, Bregman destacó que “esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM“.
En su demanda, las representantes de organismos de derechos humanos, indicaron que “la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales“, por lo que solicitan “con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.
Para las demandantes la resolución “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional. Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”.
Por todo esto es que numerosas organizaciones se harán parte de esta causa. Ya presentó su adhesión el diputado del PTS-FIT, Nicolás del Caño, como lo harán otros legisladores.
La normativa de Bullrich cosechó repudios en Capital Federal y en todas las provincias, donde los organismos de derechos humanos emitieron comunicados “de carácter urgente” para frenar la avanzada represiva en el país, impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad.
Fuente: La Nueva Mañana.
