Jesús María.
En horas del mediodía los obreros que están llevando a cabo un paro desde el pasado miércoles marcharon hasta el Edificio Municipal. Allí los legisladores Ezequiel Peressini y Eduardo Salas fueron recibidos por las autoridades del Ejecutivo. “La intendenta quiere judicializar la protesta”, afirmó uno de los referentes del FIT.
El paro de los trabajadores municipales cumplirá este miércoles siete días de un feroz enfrentamiento entre los obreros, que reclaman un salario digno, y las autoridades del Ejecutivo, que hicieron dos propuestas de aumento que fueron rechazadas.
La intendenta Mariana Ispizua no usó ningún fusible y se puso al frente del conflicto, tildando de ilegal la huelga y denunciando ante la Justicia la medida, exigiendo que se haga cumplir la Ley que establece la prestación de los servicios esenciales.
En ese marco los legisladores del Frente de Izquierda y el Partido Obrero, Ezequiel Peressini y Eduardo Salas, acompañaron a los trabajadores en una marcha hasta el Palacio Municipal. Allí fueron recibidos por parte del Ejecutivo.
“Visitamos a la intendenta de Jesús María (Mariana Ispizua) con la intención de plantear nuestro acompañamiento al reclamo de los municipales y conocer cuál es la condición por la que el municipio niega que tengan un aumento acorde a la calidad de vida, hoy los trabajadores están cobrando 12 mil pesos, muchos de ellos con 24 años de antigüedad, han dado la vida para garantizar los servicios y la calidad de infraestructura de esta ciudad y la intendenta sólo paga 12 mil pesos a ellos y su familia”, afirmó Peressini.
Y añadió: “El motivo por el cual la intendenta no da el aumento es que ha recibido recortes de las partidas presupuestarias que tenían acordadas con la Nación y eso achicó el presupuesto de la Municipalidad, le planteamos la necesidad de que el reclamo de los trabajadores sea escuchado”.
En el encuentro los legisladores plantearon la necesidad del pase a planta permanente de los trabajadores contratados del municipio, que son cientos.
“Alertamos que la intendenta de la ciudad busca judicializar la protesta haciendo denuncias penales a los trabajadores que están haciendo legítimo uso del derecho a huelga, buscando judicializarlos para intimidar y provocar a los trabajadores”, aseveró Peressini.
“Luchar no es un delito, un delito es tener a cientos de trabajadores bajo la línea de pobreza con salarios de miseria”, finalizó.
