El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska, que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos buitres, beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012.
La decisión se formalizó el 9 de julio mediante un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York.
La apelación se presentó sin esperar la definición de Preska sobre el pedido de “stay”, una solicitud realizada días atrás por el equipo legal de Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso.
El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina.
El origen de la disputa
Burford Capital es un megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho. Esto es lo que la propia jerga financiera de Wall Street caracteriza como “vulture funds” o, en castizo, “fondos buitres”.
Asimilan sus prácticas a la experiencia de nobles bestias, aves rapaces que desempeñan un papel ecológico crucial como carroñeros, alimentándose principalmente de animales muertos para evitar la propagación de enfermedades y reintegrar la materia orgánica en las redes tróficas. Nada que ver con estos estudios, salvo que se alimentan de restos que otras especies desdeñan.
Burford Capital había adquirido en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.
En 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso tomó control de YPF tras aprobar la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, que en ese entonces era accionista mayoritaria.
En total, se desembolsaron US$5371 millones, pero los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para vender el resto de las acciones al Estado argentino, a la vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. Esto, argumentan los demandantes, provocó una caída en el valor de sus acciones.
En este contexto, la jueza Preska determinó en primera instancia que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país debe pagar una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
