Un segundo intento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para cerrar una millonaria demanda civil por daños y perjuicios fracasó en las últimas horas, confirmándose que el reclamo por 22.300 millones de pesos —una cifra que podría actualizarse drásticamente— seguirá su curso judicial.
La acción fue iniciada por Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri y es ahora continuada por la administración libertaria.
El litigio se centra en obras viales adjudicadas a Lázaro Báez que, a pesar de haber sido cobradas en su totalidad, no se concluyeron, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado.
La estrategia judicial
La defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, buscó la caducidad del proceso ante el juzgado de Marcelo Bruno Dos Santos, y posteriormente apeló a la Cámara Civil.
El argumento central era la “falta de interés” de Vialidad Nacional en impulsar el reclamo y la supuesta falta de avances desde octubre de 2023.
Sin embargo, la Sala III de la Cámara Civil rechazó enfáticamente el planteo, desestimando el cálculo de los plazos de la defensa y calificando el enfoque de la apelación como carente de “rigor lógico”.
Los jueces señalaron que el período de seis meses necesario para declarar la caducidad no se había cumplido.
Esta demanda es fundamental, ya que el monto original de 22.300 millones de pesos se actualizará una vez que se determine el monto final del decomiso en la causa “Vialidad”, donde los jueces del caso penal estimaron la defraudación en 85.000 millones de pesos.
Este perjuicio económico se basó en diferencias entre los montos licitados y los contratados, así como en la existencia de sobreprecios.
El gobierno de Javier Milei manifestó su firme intención de avanzar con este proceso, considerándolo “un reclamo del Estado que se continuará”.
Cabe recordar que, durante la gestión de Alberto Fernández, no se instruyó a los abogados del Estado para proseguir con el reclamo contra quien era la vicepresidenta.
