El Tribunal Oral Federal N°8 de Buenos Aires aprobó un acuerdo entre el fiscal Marcelo Colombo y las defensas de dos empresarios argentinos acusados de lavado de dinero.
Los acusados fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, la confiscación de más de 1,3 millones de dólares y multas millonarias. Estos empresarios estaban involucrados en el lavado de dinero generado por el comercio ilegal de drogas en Estados Unidos.
La empresa Goldpharma, investigada en Wisconsin y en Argentina, estuvo en el centro del caso. La pesquisa fue impulsada por las procuradurías encargadas de combatir el narcotráfico y el lavado de activos en nuestro país.
Los condenados son Sergio Ferrari, contador, y Gastón Tomaghelli, licenciado en administración. Además de las penas, debieron pagar multas de casi 50 millones y 153 millones de pesos respectivamente, y quedaron bajo supervisión judicial. Ambos colaboraron con la justicia, lo que redujo sus penas.
Durante las investigaciones, se incautaron grandes sumas de dinero en allanamientos y se recuperaron propiedades adquiridas con fondos ilegales. También se pagaron multas con cerca de 300 mil dólares en criptomonedas vinculadas a la empresa Smile Technologies, usada para ocultar las operaciones.
La causa comenzó en Argentina tras recibir información de la DEA sobre Goldpharma, una red de farmacias online con base en Argentina que vendía drogas controladas sin autorización, importadas desde varios países.
Se identificó que Goldpharma era dirigida por Jorge Alejandro Paura y Conrado Frenzel, junto con otros socios. Algunos de ellos tenían vínculos con grupos empresariales y cámaras del sector farmacéutico en Argentina.
La investigación en nuestro país estuvo a cargo de la PROCUNAR y la Fiscalía Penal Económica N°6, enfocándose en cómo Goldpharma introducía en el sistema financiero argentino las ganancias ilegales.
Se comprobó que Ferrari y Tomaghelli movían esos fondos usando cuentas bancarias de sus propias empresas, “Grupo Smile” y DTS Consulting. Utilizaban un método informal de transferencia llamado “Hawala”, que permite mover dinero sin dejar rastros oficiales y facilita la entrada y salida de divisas.
Este sistema funcionaba mediante depósitos y retiros equivalentes en distintos países, sin que realmente se transfiriera el dinero físicamente, evitando así la detección por parte de las autoridades.
También se acreditó que compraron un departamento de lujo en Buenos Aires, abonado en cuotas para no llamar la atención.
La investigación se basó en correos electrónicos, movimientos bancarios y escuchas telefónicas. Los imputados admitieron los hechos al declarar como arrepentidos, detallando cómo colaboraron con los dueños de Goldpharma para hacer ingresar el dinero ilícito al país.
Finalmente, los fiscales pidieron que el caso pase a juicio y que se investigue en la Justicia Federal. Tras negociaciones, se logró un acuerdo que fue aprobado por el tribunal en marzo, cerrando el proceso con una condena firme.
