Este jueves uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, mantuvo una reunión en Casa Rosada con el jefe de gabinete, Guillermo Francos.
Uno de los temas del encuentro fue analizar un cambio en las prestaciones del Hospital Naval. La central obrera confirmó que irá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la restricción al derecho a realizar medidas de fuerza en diversas actividades.
Del encuentro también participó el ministro de Defensa, Luis Petri. Daer, titular del gremio de la Sanidad, tiene por fin preservar las fuentes laborales en medio de la reestructuración del sistema de prestaciones de salud a los integrantes de la Armada.
Por otro lado, el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo un encuentro con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El representante de los trabajadores de la construcción está preocupado por el freno de la obra pública y su consecuencia sobre el empleo del rubro.
Martínez viene reclamando hace tiempo el traspaso a las provincias de los proyectos de vivienda PROCREAR.
A la salida de la reunión en Casa Rosada, Daer fue consultado por la prensa en lo relativo al tope salarial -del 1%- que busca imponer el Gobierno nacional en paritarias, por debajo de los índices de inflación.
“Reiteran lo mismo del DNU 70 donde se pretendía cercenar el derecho de huelga de muchas actividades, Esto fue rechazado primero con un amparo y después por un fallo firme. Han cambiado un rubro para pasarlo a esencial volviendo a sacar lo mismo”, expresó Daer sobre la reglamentación publicada en el Boletín Oficial el pasado miércoles.
Según Daer, para la CGT “sigue vigente la suspensión, entre lunes y martes estaremos actuando en la Justicia. Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijeron los tribunales en primera y segunda instancia”.
Este último miércoles el Gobierno nacional publicó el DNU 340/25 por el que resolvió ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.
