La Cámara de Acusación de Córdoba ordenó el sobreseimiento de seis dirigentes sociales y gremiales que fueron imputados a raíz de la movilización del 5 de abril de 2023 contra el gobierno de Javier Milei.
El tribunal hizo lugar a los planteos de las defensas contra las imputaciones que fijó el fiscal Ernesto de Aragón por los delitos de desobediencia a la autoridad y por impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos, que habían sido reducido por la jueza de Control, Anahí Hampartzounián.
Los seis dirigentes sobreseídos son Federico Giuliani de ATE, Agustín Nazar del Movimiento Teresa Vive, Marisa Cariddi de Libres del Sur, Emanuel Berado y Soledad Díaz del Polo Obrero y Roxana Carezano.
“Esperamos que este fallo termine con la persecución constante que los fiscales, ordenados desde la Fiscalía General, hacen sobre quienes ejercen el sagrado derechos de movilizarse contra quienes atentan contra garantías constitucionales y sociales que han costado sangre conquistar”, dijo el abogado defensor de Giuliani, Claudio Oroz.
En tanto que Emanuel Berardo declaró: “Este intento fallido del poder político de (Martín) Llaryora, en línea con el gobierno nacional de Javier Milei, ha fracasado en vistas de que con la agudización del ajuste y la pobreza cada vez más sectores salen a la lucha callejera”.
En el mismo sentido se expresó Soledad Díaz al remarcar: “no perdemos de vista que en esta causa injusta la justicia provincial ha actuado por cuenta y orden del gobierno provincial, desvirtuando pruebas, sesgando el derecho a la defensa, e incluso operando con mecanismos de espionaje al interior de organizaciones sindicales, piqueteras y políticas”.
El diario Perfil informó que los jueces Maximiliano Davies, Carlos Salazar y Patricia Farías establecieron en su resolución que la movilización del 2023 afectó la circulación de manera “tolerable”, que no se registraron disturbios y que no se constató que los imputados hayan incitado a los manifestantes a cortar la calle.
