Algunos dicen que con el objetivo de tapar el escándalo de la estafa cripto, otros señalan que, por las derivaciones de esta estafa, Milei vio esfumarse su última chance de alcanzar algún tipo de acuerdo parlamentario. Como sea, el Presidente se apresta a nombrar por decreto en las próximas horas a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como miembros de la Corte Suprema.
Con el mismo propósito, postularía al viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, como candidato a la Procuración General de la Nación, en reemplazo del interino Eduardo Casal, designado “interinamente” por el entonces presidente Mauricio Macri.
El Presidente tendría plazo hasta el viernes para designar a sus postulantes en comisión para el Palacio de Talcahuano, porque el 1° de marzo quedaría abierto el Congreso para un nuevo período de sesiones ordinarias. El decreto para enviar a sus candidatos al máximo tribunal solo sería válido durante el período en que ambas cámaras se encuentren en receso.
Esa iniciativa le daría al oficialismo la oportunidad de cambiar el tema de la conversación pública, concentrada por estos días por el Criptogate como trending topic de Twitter y sus repercusiones en los medios de comunicación.
En ese contexto, fuentes del Poder Ejecutivo dejaron trascender que el primer mandatario pretendía que Lijo y García Mansilla estén sentados este sábado entre los invitados a la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, que Milei los nombre por decreto no significa que sus dos letrados se consideren asumidos. Para que eso suceda, la Corte debe tomarles juramento y fuentes habitualmente bien informadas ya dejaron trascender que pueda concretarse esa jugada.
Por eso, ponen como ejemplo que Mauricio Macri nombró por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, cuando asumió en diciembre de 2015, pero ambos magistrados tuvieron que esperar a que los votara el Senado para que Ricardo Lorenzetti les tomara juramento. Aseguran, con esa evocación como jurisprudencia, que la designación en comisión por parte de Milei luego debería ser refrendada por los senadores.
¿Nuevo procurador?
El caso de Amerio sería otra audacia de Balcarce 50. Porque para que el funcionario termine asumiendo por Casal, quien ejerce el cargo desde que el macrismo forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó, le bastaría el decreto del Presidente pero debería conseguir la aprobación de su postulación con los dos tercios de los votos de la Cámara Alta o su mandato terminaría el 28 de noviembre.
No obstante, el juez Alejandro Slokar ya alertó sobre la inconstitucionalidad de estas intentonas en un artículo con su firma en noviembre del año pasado. “Si no desea asistirse al funeral de la democracia constitucional, el poder jurídico debe prontamente hacer ostensible su rechazo a la maquinación oficial de nombramientos judiciales en comisión”, aseguró el camarista de Comodoro Py.
De hecho, fuentes judiciales advirtieron que el nombramiento en comisión de un procurador, cuya intervención puede darse desde el inicio de una causa y es determinante, sería más lesivo que el de un juez de la Corte, un cuerpo colegiado que interviene al final del proceso. Además, consideraron “ilegal” que Milei busque nombrar a Amerio por decreto porque hay una ley que establece el procedimiento de designación del procurador.
Igual que Lijo y García Mansilla, Amerio terminaría necesitando el apoyo del peronismo para llegar donde el gobierno aspira a colocarlo.
