Los rumores sobre “acomodos” en el poder judicial siempre han existido. Juzgados con familiares de titulares de otros juzgados, amistades o parentelas promovidas por fuera de los órdenes de mérito; en fin, muchas historias, pocas o ninguna prueba concreta.
Eso hasta el lunes pasado, cuando el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) presentó ante el mismísimo Superior Tribunal una denuncia que puede adquirir el estatus de “escándalo” muy prontamente.
Concretamente lo que se denuncia es que en un concurso de auxiliares de colaboradores de los asesores penales, se habría producido una filtración de las preguntas del examen escrito, lo cual habría permitido que algunas de las personas aspirantes obtuvieran calificaciones sobresalientes, que las habrían colocado un escalón por encima del resto.
Este concurso es hoy por hoy un procedimiento rutinario de acceso al poder judicial, con reglamentos y protocolos perfeccionados hace más de una década.
Las prioridades son la transparencia y el mérito; su aplicación suele mostrarse como ejemplo en la designación de cargos en la esfera pública.
Lo que se habría filtrado son las respuestas de un test multiple choice, la prueba escrita prevista en el reglamento del concurso. Al menos dos personas habrían obtenido los 35 puntos previstos como puntaje máximo y una tercera obtuvo 34 puntos. Ninguno de los otros postulantes alcanzó ese puntaje perfecto o casi perfecto.
En principio las personas beneficiadas habrían actuado en connivencia con un funcionario del Poder Judicial que se desempeña en el fuero Penal y que tenía acceso al cuestionario que se presentó a los postulantes y formaba parte del tribunal examinador. La denuncia del gremio lo cita con nombre y apellido. Al menos una de las personas sospechadas, tendría parentesco político con el funcionario y se especula que este es el origen de la “filtración”.
La voz de los denunciantes
Apenas recibida la nota del gremio, el TSJ tomó la iniciativa para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
Se ordenó a la Secretaría de Sumarios Administrativos que abriera una investigación interna y ya e habrían iniciado las primeras medidas probatorias.
Cba24n contactó a las autoridades del gremio para conocer y confirmar detalles de la renuncia, quienes confirmaron que el gremio se reunió con el Tribunal Superior luego de haber efectuado la denuncia.
En esa reunión el sindicato planteó la necesidad que la investigación avance lo más rápido posible y que, en caso de comprobarse y corresponder, deberían plantearse sanciones porque es grave para la conducta del tribunal examinador.
El Secretario General del Gremio confirmó que la sospecha recae sobre el funcionario Eduardo Caeiro y sobre cuatro concursantes, en especial una persona que habría confesado los hechos su lugar de trabajo. El Tribunal Superior transmitió que está decidido a ir hasta las últimas consecuencias en el asunto.
Al mismo tiempo las fuentes gremiales confirmaron que a partir de la denuncia de AGEPJ se abrió una investigación sumarial, en la que ya declararon tanto Corteletti como la representante gremial en la junta de calificaciones Lucía Bonafé (además Secretaria de Organización de AGEPJ).
Esta última señaló en declaraciones a Cba24n: “Hay que tomar la verdadera dimensión de lo que ha sucedido, esto es dañino para la transparencia del sistema de concursos, sistema que el gremio reivindica desde siempre ya que los cargos antes eran otorgados como se dice vulgarmente ‘a dedo’”.
Bonafé enfatizó la posición histórica del gremio: “Nosotros defendemos el sistema de concursos y a las trabajadoras y trabajadores que han puesto muchísimo esfuerzo para estudiar y rendir. El sistema de concursos funciona, es un ejemplo a nivel provincial y nacional, hay gente muy valiosa del área de concursos trabajando en esto”.
“Esta supuesta actitud de un miembro del tribunal examinador lo tiñe de sospecha y por esa razón deben ser determinadas las responsabilidades y si se comprueban se deben aplicar las sanciones ejemplificadoras correspondientes” finalizó.
