Un nuevo paro de 24 horas afectará este miércoles a las universidades nacionales, entre ellas, a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La emergencia salarial denunciada por los gremios docentes y no-docentes, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, y la polémica vinculada a las auditorías, son los aspectos que alimentan el principal conflicto político que enfrenta la administración liberal de Javier Milei.
Después del veto a la ley sancionada por el Congreso, que establecía la actualización de los salarios del sistema universitario nacional en base al IPC de INDEC, quedó claro que el Gobierno nacional no cedería en la pulseada, incluso a pesar del costo político/electoral que eventualmente significarían las postales multitudinarias que dejaron las marchas federales en defensa de la educación. No hay encuesta seria que no vislumbre en la educación un valor transversal para la sociedad argentina.
Después de una semana de acciones de visibilización y protestas de diversas modalidades, el Frente Sindical de Universidades Nacionales decidió convocar un paro de 24 horas este miércoles 30.
En el ámbito de la UNC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), en sintonía con lo resuelto en la asamblea de afiliados, definió plegarse al paro total de actividades, que se complementará con acciones de protesta los días jueves y viernes.
En Córdoba la concentración será en la zona de la explaza Vélez Sarsfield, donde ADIUC se sumará al “repudio a las políticas de ajuste” que convocan las centrales sindicales, en oportunidad de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad.
“El motivo de este paro es la ausencia de propuesta frente a un retraso salarial inédito, en el cual, con los salarios actuales, se requeriría un aumento del 30 por ciento para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023”, dice Javier Blanco, secretario general de ADIUC, a Cba24n.
El 25 de octubre pasado tuvo lugar el primer encuentro de asociaciones de base de CONADU y CONADU Histórica. Allí se definió la continuidad del plan de acción “en defensa de la universidad pública, convocando al paro nacional universitario para este miércoles 30 de octubre”.
ADIUC participó de dicho encuentro que “constituye un paso importante en el camino de la unidad de nuestras federaciones, frente a las políticas de ajuste”.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, en diálogo con Cba24n interpreta, en primera instancia, la naturaleza del enfrentamiento: “El conflicto tiene que ver con un modelo de país que el Gobierno está intentando instalar. Pretenden retrotraer a la Argentina como mero exportador de materia primas. En ese modelo, las clases medias, los trabajadores y las universidades no tienen lugar”.
Entre las exigencias de los gremios y los rectores está la prioridad para que el Gobierno llame a paritarias con un plan de recuperación salarial (refieren una pérdida que va del 30 al 50 por ciento); la actualización de la garantía salarial y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
“En vez de una universidad pública que garantice el derecho a la educación, que sea un espacio para la experiencia democrática, que produzca capacidad crítica, conocimiento comprometido con nuestra realidad, y dispute la frontera mundial del conocimiento, se pretende una universidad reducida y alineada con el proyecto de mercantilización de todas las esferas de la vida. El proyecto de Milei y sus aliados no tolera un pueblo que comprenda que no está destinado al sufrimiento“, se lee en la declaración conjunta de los gremios docentes y no-docentes.
CIN: “Las universidades exigimos un presupuesto adecuado para el 2025”
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió este martes un nuevo comunicado para exigir “que el Presupuesto 2025 tome como parámetro lo que se requirió oportunamente desde el CIN para permitirnos contar con una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario”.
El proyecto de Presupuesto del Gobierno habla de 3,8 billones de pesos para el sistema universitario nacional, prácticamente la mitad de lo que solicitaron los rectores (7,2 billones).
“Ratificamos que el organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación (AGN) y ponemos a disposición de quien lo requiera el dictamen técnico jurídico que el CIN ha elaborado a tales efectos. Las universidades nacionales siempre fueron auditadas y rinden cuentas mensualmente del ejercicio de su presupuesto”, agrega el comunicado del CIN sobre la polémica relativa a las auditorías.
