Entre los principales imputados se encuentran figuras destacadas como Aníbal Fernández y Milton Capitanich, exjefes de Gabinete, junto a Gabriel Mariotto, excoordinador del programa. También están acusados importantes dirigentes del fútbol argentino, incluyendo al expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Luis Segura, y al exsecretario general, Miguel Ángel Silva. Además, se juzga a representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados y empresarios como Natale Antonio Rigano, expresidente de Iveco Argentina.
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal Andrea Garmendia Orueta de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ha presentado cargos por administración fraudulenta agravada y, en el caso de Capitanich, por violación de los deberes de funcionario público. La fiscalía sostiene que los acusados desviaron fondos públicos destinados al programa “Fútbol para Todos” hacia entidades financieras, generando un perjuicio económico significativo al Estado.
La acusación central es que, durante el período en que operó “Fútbol para Todos”, se produjo un desvío sistemático de fondos que deberían haber sido destinados a la transmisión gratuita de partidos y al fortalecimiento económico de los clubes. En lugar de ello, los fondos fueron canalizados hacia entidades crediticias mediante operaciones de descuento de cheques. Esta práctica, si bien legal, resultó en un daño al patrimonio público al desviar dinero a empresas financieras en lugar de a las instituciones deportivas.
Otro aspecto destacado del caso es la acusación de irregularidades en los contratos de sponsoreo. Se señala que la AFA firmó acuerdos con la empresa Iveco Argentina S.A. sin seguir los procedimientos de contratación pública ni justificar adecuadamente los precios y la necesidad de los pagos en especie. Según la fiscalía, estos contratos carecían de licitaciones y se establecieron sin fundamentación, generando ingresos significativos para la empresa automotriz a expensas del erario público.
La fiscalía también ha señalado que desde 2010 se dejaron de percibir ingresos por la venta de espacios publicitarios durante las transmisiones de “Fútbol para Todos”, destinando estos espacios exclusivamente a publicidad oficial sin una decisión administrativa que lo justifique. Este cambio en la política de ingresos publicitarios se considera otro ejemplo de la falta de transparencia y la gestión ineficiente del programa.
Próximos pasos en el juicio
Durante la primera audiencia, se dio lectura a la acusación fiscal y se abrió la instancia para planteos preliminares, en la que las defensas de los acusados solicitaron la nulidad parcial de la acusación. Sin embargo, el fiscal Osorio defendió la validez de la acusación, argumentando que cumplía con todos los requisitos legales. La resolución sobre este planteo se dará a conocer en la próxima audiencia, programada para el 1º de julio.
El juicio promete ser un proceso largo y complejo, en el que se revisarán minuciosamente las pruebas y se determinará la responsabilidad de cada uno de los acusados. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de fondos públicos en el ámbito del deporte, sino que también podría tener repercusiones significativas para la transparencia y la ética en la administración pública en Argentina.
