En medio del impacto que generó cuando se conoció la novedad, ahora la inversión del juez federal Sebastián Casanello le pone plazos al gobierno nacional.
La referencia son las alrededor de 5.000 toneladas de alimentos que el Ministerio de Capital Humano preserva desde hace alrededor de medio año en dos galpones (en Buenos Aires y Tafí del Valle, Tucumán), sin distribuir pese a la delicada situación social.
La novedad se conoció días atrás por una denuncia del dirigente Juan Grabois, y confirmó la semana pasada Manuel Adorni, aduciendo que no había productos vencidos.
Ahora, la Justicia ordenó que, en el plazo máximo de 72 horas, la cartera que conduce Sandra Pettovello dé a conocer “la cantidad” acumulada como stock. A su vez, impone que se distribuya de acuerdo a la fecha de vencimiento y el tipo de comida.
Este lunes, el propio vocero presidencial anticipó una apelación de la administración central, debido a no estar de acuerdo con la medida.
Adujo, en tal sentido, que es “preservado de forma preventiva para emergencias o catástrofes” y que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”.
El contexto es una denuncia oficial que tiene a los comedores comunitarios como epicentro, remarcando que muchos “no existen” o “no funcionan”.
