Luego de los asesinatos de al menos cuatro ciudadanos en Rosario, calificados como crímenes mafiosos propiciados por los narcos de la ciudad, el Gobierno Nacional enviará al Congreso la modificación de la Ley de Seguridad Interior, entre otros proyectos para combatir el crimen organizado
En realidad, se trata de un paquete de proyectos de Ley que incluirá la llamada “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.
Así lo adelantaron en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri.
Los funcionarios detallaron lo central de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del Presidente, Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.
Los proyectos de ley que se enviarán son los de lucha contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público.
Las iniciativas incluye también penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas.
Luis Petri, Ministro de Defensa detalló que la modificación de la Ley de Seguridad interior, está pensada “para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”.
“A partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”, resaltó.
La iniciativa genera polémica ya que la Ley de Seguridad interior, impide la intervención de las Fuerzas Armadas, tomando como antecedente lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar en Argentina, donde hubo crímenes de lesa humanidad, torturas, detenciones clandestinas, desapariciones de personas y robo de bebés.
Petri intento bajarle el tono a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, al afirmar que el proyecto plantea como “imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
Ley Antimafia
Petri dijo que “implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.
“La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”, resaltó.
Más adelante sostuvo que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.
Manifestaciones, protestas y piquetes
Petri explicó que se buscará “la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.
Pero Petri agregó que habrá otro proyecto que enciende la polémica y el temor ante la arbitrariedad y la desproporción en el uso de las armas por parte de las fuerzas de seguridad. Se trata de la legítima defensa y el cumplimiento del deber, abonando la teoría Chocobar.
“Vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”.
