En un salón auditorio de Casa del Bicentenario de Reconquista colmado, familiares de personas con discapacidad -acompañados por titulares de instituciones prestadoras de servicios de atención terapéutica- visibilizaron ante autoridades políticas del norte santafesino la “angustiante situación” que atraviesan a causa de las “interrupciones en los servicios y prestaciones destinados a las personas con discapacidad, que son consecuencia de la desfinanciación del sistema de atención por parte del gobierno nacional”.
La reunión tuvo tintes regionales pero la situación rige, y se sufre, en todo el país. Como consecuencia de la escasez de recursos “nuestros hijos, en medio de esta crisis, se ven privados de su derecho a participar plenamente en el sistema educativo, a disfrutar de la protección social, y a elegir sus tratamientos”, manifestaron. Y enfatizaron que la pérdida progresiva de esos derechos los distancia cada vez más de la posibilidad de obtener un empleo, de vivir de manera independiente en la comunidad, de desplazarse libremente, de ejercer su derecho al voto y de participar en actividades deportivas y culturales, entre otros aspectos fundamentales de la vida.
Por su parte, quienes prestan servicios a personas con discapacidad también expusieron sobre la situación que “hoy pone en peligro la continuidad de los servicios y practicas terapéuticas, educativas y de transporte para las personas con discapacidad”.
Los representantes de Integrar, Siret, Hogar con Centro de Día “San Francisco”, y de los centros de día “Raíces”, “Paso a paso”, “Nueva Esperanza”, “La Costa” y “Joaquín Paz” pusieron sobre la mesa que “los fondos que financian el funcionamiento y la prestación de estos servicios, y que hoy son regulados por el Estado, no acompañan la creciente inflación que viene atravesando nuestro país” y tiene como resultando inmediato la pérdida del derecho al acceso a estas prestaciones.
Se trata, remarcaron, de servicios esenciales que afectan directamente la calidad de vida de este sector tan vulnerable de la población. En términos cuantitativos, aseguraron que “a nivel nacional, y en nuestras instituciones, están en riesgo más de 100.000 puestos de trabajo y la atención de 200.000 personas con discapacidad que acceden a distintas prestaciones”.
En este marco de crisis y emergencia, formularon un llamado a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a los dirigentes de las fuerzas políticas que representan al sector y a los trabajadores de los distintos medios de comunicación, a “sensibilizarse con la realidad que, desde hace tiempo ya, venimos atravesando y que hoy nos resulta insostenible”, e instaron a “visibilizar nuestra agónica situación a los efectos de evitar la precarización y/o desaparición de la prestación de los servicios antes mencionados”.
Fuente: El Litoral.
