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La decisión del Gobierno nacional que será publicada este viernes cuestiona el alto costo fiscal y la falta de un criterio federal de la norma aprobada por el Congreso.
Este viernes se publicará el decreto mediante el cual el presidente Mauricio Macri vetó la ley aprobada por el Congreso que buscaba retrotraer las tarifas de los servicios públicos a valores de 2017. Contará con las firmas del propio mandatario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
El documento dispuesto en el Boletín Oficial establece que “el proyecto de ley bajo examen tiene un costo fiscal 65.886.000.000 pesos durante 2018”, según números de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Asimismo, advierte que “a los resultados del estudio mencionado deben agregarse las variaciones del tipo de cambio ocurridas desde abril de 2018, el aumento del precio internacional del petróleo crudo en igual período y sus impactos sobre los subsidios”, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
“En aquella estimación no se consideraron los costos fiscales vinculados con el aumento en la cantidad de beneficiarios de la tarifa social, con el impacto del proyecto en los servicios de agua y saneamiento, y con la devolución de los créditos a favor de los usuarios por lo abonado desde noviembre de 2017, entre otros aspectos. Ese costo fiscal total superaría la suma de 115.000.000.000 de pesos para 2018, monto que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2018”, indicó además.
A modo comparativo, el Poder Ejecutivo ejemplificó en el documento que “este costo fiscal equivale a 77.000 viviendas sociales, más de dos años de la Asignación Universal por Hijo -que hoy cubre a casi 4 millones de beneficiarios-, 2.875 escuelas, 575 hospitales, o todo el gasto nacional en universidades”.
Cabe destacar que Macri justificó este jueves la decisión de vetar de manera total la ley que limitaba los aumentos de tarifas de servicios públicos en el alto costo fiscal que tendría la medida, la división de poderes y la falta de un criterio federal, y recordó el veto de Cristina Fernández al 82% móvil.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
